Ministerio Público recusa a jueza que conoce caso de Hugo Beras y Jochi Gómez

Santo Domingo, 7 de mayo de 2025 — El Ministerio Público presentó este miércoles una recusación contra la jueza Patricia Padilla,

del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, alegando que ha actuado con "abierta parcialidad" en favor de los imputados en el caso relacionado con presuntos actos de corrupción en el proyecto de modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo.

La acción fue interpuesta por el fiscal Jonathan Pérez Fulcar, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), quien argumentó que la magistrada ha adoptado decisiones que benefician de manera injustificada a varios de los acusados, entre ellos Hugo Beras y José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), según informó la Procuraduría General de la República.

Entre los motivos citados por la parte acusadora se encuentra la autorización otorgada a José Gómez para viajar al extranjero, incluyendo destinos como Disney World, en Estados Unidos, y Panamá, pese a que pesaba sobre él una orden de impedimento de salida del país. Asimismo, se cuestionó la devolución de armas de fuego que estaban bajo custodia judicial y registradas a nombre de terceros.

“Estas decisiones contradicen precedentes de la misma magistrada en casos similares, en los que se negó a otorgar permisos de esta naturaleza”, señaló la Pepca a través de un comunicado oficial.

El expediente involucra a varios exfuncionarios y empresarios acusados de conformar una red de crimen organizado dedicada al desfalco al Estado, estafa, falsificación de documentos, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje a infraestructura crítica, terrorismo y suplantación de identidad.

Además de Beras y Gómez Canaán, también enfrentan cargos Frank Díaz Warden, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, José Ángel Gómez Canaán, Pedro Vinicio Padovani Báez, Juan Francisco Álvarez Carbuccia y Carlos José Peguero Vargas, todos vinculados al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) o a empresas contratistas del proyecto de semaforización.

Durante la investigación, el Ministerio Público ejecutó allanamientos simultáneos en distintas localidades, incluyendo el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana, donde fueron incautadas numerosas evidencias que, según las autoridades, refuerzan la acusación.

La Procuraduría calificó este caso como una de las investigaciones “más exitosas” en la lucha contra el crimen organizado en la República Dominicana.


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