Por Emmanuel Escalante
Barahona.- Más de 5,000 familias que han residido durante más de tres décadas en la Parcela número 21 de esta ciudad
hacen un angustioso llamado al presidente Luis Abinader, ante lo que califican como un atropello despiadado ejecutado en nombre del “cambio”, epero con los mismos métodos de siempre: desalojos forzosos, tumbas de casas sin orden judicial, y la sombra de la violencia militar y callejera al servicio de intereses oscuros.
La situación ha alcanzado niveles alarmantes. En los últimos días, decenas de familias han sido sacadas de sus hogares por personas que se identifican como ligadas al gobierno actual, y que aparecen en la zona protegidas por militares y acompañadas de reconocidos delincuentes, derribando las viviendas de personas humildes como si fueran basura.
El presidente de la Asociación de Residentes de la Parcela 21, el señor Julio L., declaró a esta redacción que la paciencia de los moradores se está agotando, y que si continúan los atropellos, quienes hoy desatan esta violencia deberán asumir la responsabilidad de cualquier desgracia que ocurra. “Aquí estamos hablando de gente que ha pasado toda una vida luchando por construir un techo digno, para ahora ver cómo unos ‘intocables’ se lo tiran al suelo en minutos, con guardias al frente y ladrones atrás”, expresó visiblemente indignado.
Se recuerda que hace unos cinco años, producto de conflictos similares por la misma parcela, hubo pérdidas humanas, incluyendo la muerte de una mujer, hecho que en su momento fue lamentado por toda la comunidad. Aun así, el problema no se resolvió. A pesar de que el caso ha pasado por diversos tribunales y existe una lista histórica de posesión y ocupación pacífica, la historia se repite cada cierto tiempo, siempre con nuevas caras pero con las mismas manos sucias.
“Es como si vivir en la parcela 21 fuera un delito heredado”, comentó una vecina de edad avanzada. “Nos tratan como intrusos en nuestras propias casas. Como si levantar un hogar con sacrificio fuera una falta grave frente a quienes llegaron ayer, pero con uniforme y ‘papeles’ en mano”.
Lo más grave —según denuncian— es que mientras se derriban casas humildes, nadie presenta una orden legal clara, nadie informa a las familias, y nadie escucha. Solo llegan, apuntan, tumban, y se van. Y luego, el silencio oficial.
Los residentes insisten en que las familias Díaz, quienes históricamente han reclamado la titularidad de esos terrenos, también deben asumir su cuota de responsabilidad, ya que su conflicto por la tierra ha servido de excusa para que terceros aprovechen el caos. “Esto es tierra de nadie, pero con demasiados jefes y ningún doliente”, afirmó uno de los comunitarios.
Si vivir en la Parcela 21 es un delito, que se declare oficialmente la zona como campo de guerra
Los moradores de la parcela piden al presidente que actúe antes de que otra tragedia vuelva a teñir de sangre la zona, y que cese el uso de militares, policías y civiles armados para imponer el miedo. Porque si la solución es destruirle la casa al pobre para hacerle espacio al poderoso, entonces, tal vez, la promesa de un país de oportunidades fue solo eso: una promesa.
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