SANTO DOMINGO.– El Senado de la República aprobó en segunda lectura el proyecto de Ley Orgánica de Fiscalización y Control del Congreso Nacional, una iniciativa que llevaba más de dos décadas estancada y que ahora podría implicar sanciones penales para ciudadanos que se nieguen a comparecer ante comisiones legislativas.
El proyecto, que será remitido al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación, establece los procedimientos para aplicar mecanismos de control político como interpelaciones, juicios políticos, invitaciones y otras herramientas de fiscalización asignadas a los congresistas.
Comisiones con poder de citación obligatoria
Uno de los puntos más controversiales de la nueva normativa es la creación de una Comisión Especial de Investigación, que tendrá la facultad de requerir la presencia de cualquier persona física o jurídica para rendir informes ante el Congreso.
Según el artículo 43 del proyecto, el requerimiento será tramitado a través de una citación formal emitida por un alguacil. En caso de no presentarse sin justificación válida, el ciudadano o representante legal será sancionado por desacato, con penas de 15 días a 1 año de prisión y multas de uno a dos salarios mínimos del sector público.
“La persona física o jurídica que, habiendo sido debidamente citada, no comparezca sin causa justificada ante la comisión especial, incurrirá en infracción penal de desacato”, señala el artículo 47 del texto aprobado.
Garantías y participación del Ministerio Público
La ley también contempla ciertas garantías para las personas citadas, estableciendo en el artículo 46 que todo compareciente podrá asistir acompañado por un representante o asesor legal, previo aviso al presidente de la comisión correspondiente.
Además, si durante la comparecencia surgen indicios de responsabilidad penal, estos deberán ser notificados al presidente de la cámara legislativa, quien los remitirá al Ministerio Público para los fines legales correspondientes.
Esta legislación representa un hito en el fortalecimiento de los poderes de fiscalización del Congreso Nacional, aunque también ha despertado inquietudes entre sectores sociales que consideran que podría dar paso a posibles abusos de autoridad si no se garantiza un debido equilibrio.
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