También ha señalado que ese presupuesto complementario busca lograr autorización para nuevas operaciones de crédito público, sin necesidad de remitir al Congreso los acuerdos de préstamos firmados para su aprobación o rechazo.
Precisó que con el presupuesto complementario se autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a concertar operaciones de crédito público mediante la colocación de bonos y/o crédito bancario en el sistema financiero por un monto de hasta RD$22,644 millones, a fin de cubrir la necesidad de financiamiento adicional, lo cual es violatorio a la Constitución.
Recordó que el objetivo del proyecto de ley que modifica la Ley No. 61-18 de Presupuesto General del Estado de 2019 es reducir los ingresos, aumentar los gastos, el déficit y las fuentes financieras. Expresó que el presupuesto complementario viola no solo la Constitución, sino la Ley Orgánica de Presupuesto.
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