Por: Rocío Quiroz
SANTO DOMINGO.- La decisión del Tribunal Superior Electoral de declararse incompetente para conocer los recursos contra el voto de arrastre generó posiciones encontradas este martes.
Al enviar las acciones contra el arrastre a manos del Tribunal Superior Administrativo, que ya fue apoderado de dos recursos similares por parte del PRM y de seis organizaciones políticas minoritarias, se agregó un nuevo ingrediente a la incertidumbre electoral.
Desde la sociedad civil consideraron que la decisión del Tribunal Electoral adoptada con el voto disidente de dos de sus miembros, evidencia la necesidad de reformar la ley orgánica que creó la alta corte a los fines de esclarecer sus competencias.
Calos Pimentel, director ejecutivo Participación Ciudadana, aseguró que “Hay un problema de fondo que amerita una urgente reforma de la ley del TSE para dejar con mucha claridad y con mucha fortaleza, que reduzca las interpretaciones.
El movimiento cívico además se mostró preocupado debido al historial de mora judicial que existe en la jurisdicción administrativa y advirtieron que a las acciones contra el arrastre deberán dárseles prioridad.
De acuerdo al jurista Cristóbal Rodríguez, el Tribunal Administrativo está obligado a conocer las acciones que les fueron declinadas de conformidad a lo que establece la ley orgánico, sin embargo, la última palabra respecto al arrastre podría ser del Constitucional, a donde impugnará el PLD, según anunció.
Hasta el mediodía de este martes, el Tribunal Administrativo no había sido apoderado de las acciones incoadas por el dirigente de la Fuerza Nacional Progresista Vinicio Castillo Semán y el abogado Ángel Lockward, en contra de la decisión de la Junta Central de mantener el arrastre en las seis demarcaciones con mayor cantidad de electores.
Mientras que será este viernes 24 cuando esta jurisdicción conocerá los recursos incoados por el PRM y las organizaciones políticas minoritarias sobre el tema.
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